BUFETE LEGAL GRANADA

AUTORIZACIÓN DE ESTANCIA POR SERVICIOS DE VOLUNTARIADO

Wed, 12 Jul 2023 15:42:08 GMT

Autorización de estancia por servicios de voluntariado. Todo lo que necesitas saber...

¿Quieres venir a España a realizar una labor altruista? ¿Estás interesado en descubrir nuevas culturas fuera de tu país? Desde Bufete Legal Granada te ayudamos.

Autorización dirigida a ciudadanos extranjeros (extracomunitarios) que vengan a España a prestar servicios dentro de un programa con fines de investigación, voluntariado o programas de intercambio.

1. Duración.

La duración de la estancia será igual que la duración de las practicas no laborales, con el límite máximo de un año.

2. ¿Qué documentación debemos presentar?

- Solicitud de visado nacional

- Pasaporte completo en vigor

- Convenio firmado con la Organización y el solicitante

- Documentación que acredite la admisión al Centro u Organización

- Seguro de responsabilidad de la Organización (salvo Servicio Voluntario Europeo)

- Acreditación de disponer de medios económicos suficientes para sufragar gastos de estancia y regreso (mensualmente 100% IPREM). *En caso de que la Organización se haga cargo absoluto de su manutención, bastará con presentar sus medios económicos.

- Seguro público o privado de enfermedad

- Certificado médico (sólo si la estancia supera los seis meses)

- Certificado de carecer de antecedentes penales (sólo si la estancia supera los seis meses)

- Pago de la tasa por expedición de Visado .

3. ¿Dónde?

El primer paso es presentar esta documentación en la Misión diplomática o en el Consulado de la demarcación donde resida el extranjero.

Concedido el visado, se concede la autorización de la estancia.

4. ¿Debe solicitarse la Tarjeta de Identidad Extranjera al entrar en España?

Sólo en el caso de que la estancia sea superior a 6 meses.

5. ¿Es posible la renovación?

Sí, en ese caso:

- Debemos dirigirnos a la Oficina de Extranjería del territorio donde el solicitante resida.

- Presentar un nuevo Convenio firmado por la partes, con ampliación de la fecha hasta la que se prorroga el voluntariado.

- Ampliar la cobertura del seguro médico hasta la nueva fecha.

6. ¿Este permiso autoriza para trabajar?

Sí, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, siempre que se trate de una actividad compatible con las actividades de voluntariado y no supere las 30 horas semanales.

7. ¿Puede venir el extranjero acompañado de sus familiares?

Sí, con una autorización vinculada al voluntario, sin que puedan obtener en ningún caso autorización para realizar actividades laborales.

El sujeto legitimado para su presentación es el propio familiar, en la Misión diplomática u oficina consular española en cuya demarcación resida. Se podrá solicitar de manera simultánea con la del visado del extranjero, o en cualquier momento posterior del periodo de vigencia de la autorización de estancia.

Se consideran por familiares el cónyuge o pareja de hecho, los hijos menores de dieciocho años o mayores pero que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades.

Documentación a presentar:

1. Impreso solicitud de visado

2. Pasaporte completo en vigor

3. Autorización de estancia del voluntario (en caso de que se pida con posterioridad)

4. Documento que acredite el vínculo familiar: certificado de nacimiento, libro de familia, certificado de matrimonio, etc.

5. Documento que acredite discapacidad, en su caso.

6. Documento que acredite medios de vida suficientes. , el 75% del IPREM para el primer familiar y el 50% del IPREM para cada una de las restantes personas , salvo que se acredite debidamente tener abonado de antemano el alojamiento por todo el tiempo que haya de durar la estancia.

7. Tasa expedición de visado.

¿Conocías esta información? ¡Cuéntanos!

DELITO DE PHISHING

Mon, 24 Apr 2023 18:17:29 GMT

Responsabilidad Bancaria

La cantidad de delitos informáticos crece año a año en el mundo, y España no es la excepción, en 2022 se registró un gran incremento de los fraudes virtuales, lo más preocupante es que dicha tendencia sigue teniendo un crecimiento exponencial a día de hoy.

¿QUÉ ES EL PHISHING?

Si acudimos a su origen conceptual, “phishing” proviene del inglés “fishing”, de pescar, haciendo referencia al cebo que los delincuentes ponen a los usuarios de la red a la espera de que “muerdan el anzuelo”.

La dinámica habitual es que la víctima reciba un email como si fuera de su banco de confianza. En ese correo se solicita al cliente que modifique sus claves a través de un enlace a una web que también es falsa. De esa manera, el defraudador obtiene todos los datos necesarios para entrar en la cuenta bancaria y transferir fondos.

No siempre se sigue la misma dinámica, ya que también son habituales los casos en los que el estafado espera un paquete o una transferencia de un supuesto comprador o incluso por mensaje de texto (SMS o WhatsApp), donde la persona recibe un enlace y al hacer click está dando sin querer acceso al estafador a tener control remoto de su teléfono.

Es un delito de estafa cibernética tipificado en el artículo 248.2 del Código Pena l, dentro del tipo de la estafa con manipulación informática con penas de hasta 3 años de cárcel. La condena varía en función del importe de los fondos extraídos y quebranto económico causado al perjudicado.

¿ES POSIBLE RECLAMAR AL BANCO?

La norma específica de esta materia es el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera y de la legislación de consumidores y usuarios.

Según el artículo 36 de dicha norma , a falta del consentimiento del usuario de la operación de pago, la misma se entiende que no es autorizada. Por tanto, si tenemos en cuenta que el usuario en ningún momento autorizó la operación porque su consentimiento fue viciado y obtenido mediante estafa informática, la conclusión es que la operación jamás se autorizó.

De esta manera, es suficiente con que el usuario niegue haber prestado su consentimiento, pero debe notificar al banco la estafa sin demora injustificada en cuanto tenga conocimiento de dicha operación.

Específicamente, el artículo 45 de dicha ley establece que:

“ en caso de que se ejecute una operación de pago no autorizada, el proveedor de servicios de pago del ordenante devolverá a éste el importe de la operación no autorizada de inmediato y, en cualquier caso, a más tardar al final del día hábil siguiente a aquel en el que haya observado o se le haya notificado la operación, salvo cuando el proveedor de servicios de pago del ordenante tenga motivos razonables para sospechar la existencia de fraude y comunique dichos motivos por escrito al Banco de España, en la forma y con el contenido y plazos que éste determine.”

En conclusión, la entidad bancaria donde estaban depositados los fondos afectados tiene la obligación legal de devolver a la víctima la cantidad total que se le ha sustraído mediante las operaciones no autorizadas siempre y cuando se haya hecho la notificación oportuna de dicha situación.

¿Conocías estos detalles?, ¡cuéntanos qué te ha parecido!

CONDUCIR BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL O DROGAS

Sat, 17 Dec 2022 12:05:03 GMT

¿Qué consecuencias tiene conducir bajo los efectos del alcohol o drogas?

¿Te has visto envuelto en un delito contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas?, ¿te preocupan las consecuencias que se puedan derivar?, ¿te gustaría buscar una solución a tus problemas?

En BUFETE LEGAL GRANADA quedamos a tu disposición para dar respuesta a todas tus preguntas y dar solución a tus problemas.

A pesar de que este delito puede parecer bastante conocido entre la multitud, existen grandes carencias con respecto a los matices claves del mismo, por ello, lo primero que debe quedar claro es que se trata de un delito de peligro en el que no es necesario un resultado de lesión.

Su regulación queda recogida en el Título XVII de los delitos contra la seguridad colectiva del Código Penal. Concretamente, en el Capítulo IV de los delitos contra la seguridad vial, artículos 379 a 385 ter.

A este delito hace alusión específicamente el artículo 379.2 CP el cual establece las penas que podrán ser impuestas al que condujere bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.

La pena que se puede imponer por este delito puede ser una de las siguientes:

Pena de prisión de 3 a 6 meses.

Multa de 6 a 12 meses.

Trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

En todos los casos se impondrá además la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y con un límite máximo de cuatro años.

Además, si el conductor circula con un exceso desproporcionado de velocidad, podría incurrir en un delito agravado de temeridad manifiesta que agravaría la pena impuesta. Lo mismo ocurre cuando el conductor que circula bajo los efectos del alcohol produce un accidente en el que se causa un homicidio o lesiones. En este caso, estaríamos ante un concurso de delitos , según lo previsto para cada caso concreto en el Código Penal.

¿QUÉ OCURRE SI ME NIEGO A SOMETERME A LAS PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA?

La negativa a someterse a la prueba de alcoholemia, drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas se configura como un delito castigado en el artículo 383 CP.

El sujeto que no acceda a someterse a dichas pruebas será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

El delito de negativa a someterse a la prueba de alcoholemia es un delito que se consuma por el mero hecho de negarse, es decir, no es necesario que se produzca una lesión. Sin embargo, se necesitan tres elementos objetivos :

Ser conductor de un vehículo a motor o ciclomotor.

Ser requerido de forma expresa, directa y formal por un agente de la autoridad en servicio.

La negativa del conductor a someterse a dichas pruebas.

¿Conocías estos detalles?, ¡cuéntanos qué te ha parecido!

En un testamento... ¿Qué es la Cautela Socini?

Thu, 10 Nov 2022 14:09:11 GMT

Cautela Socini

◾ ¿QUÉ ES?

Este término, conocido también como cláusula socini o cautela sociniana, es un mecanismo que aunque puede parecer un poco raro, se usa con mucha frecuencia en aquellos testamentos en los que se quiere imponer una condición a la herencia.

Se lleva a cabo cuando el testador establece una condición a los herederos forzosos (los hijos y descendientes respecto de sus padres y ascendientes) para que estos puedan recibir una parte de la herencia mayor a la que les corresponde por ley. Estos herederos cuentan con la posibilidad de mejorar su cuota de legítima siempre y cuando cumplan las condiciones que determine el testador, pero para el caso de que incumplan o rechacen esa cláusula y decidan impugnar el testamento les pertenecerá solo lo que establece la ley, es decir, la legítima estricta.

◾ ¿REGULACIÓN?

Algo a destacar de esta cláusula es que su regulación no está prevista expresamente en nuestro Código Civil.

Desde siempre ha existido un gran debate acerca de la validez de dicha cláusula, ya que gran parte de la doctrina considera que es contraria a la premisa de la intangibilidad de la legítima, es decir, se considera que el hecho de introducir esta cláusula en un testamento supondría un gravamen de la legítima.

Sin embargo, nuestro Tribunal Supremo declara la completa validez de dicha cláusula pronunciándose al respecto en numerosas sentencias como por ejemplo en la SSTS 838/2013, de 17 de enero de 2014.

◾ ¿CUÁNDO ES FRECUENTE SU USO?

El testador puede usar esta cláusula con varios propósitos, aunque los más frecuentes suelen ser dos:

1º . Dar el usufructo universal y vitalicio de todo el caudal hereditario al cónyuge viudo.

Es habitual que, el testador con descendientes, para el supuesto de fallezca y su cónyuge quede viudo, decida extender lo que por legítima corresponde a éste. Así, la legítima del cónyuge viudo, si concurren a la herencia con descendientes, estará compuesta por el usufructo del tercio de mejora.

Para que los hijos respeten esta voluntad del testador de dejar el usufructo universal y vitalicio al cónyuge viudo, les atribuye más de lo que les corresponde por legítima, de forma que:

Si los hijos aceptan el usufructo vitalicio, tendrán la nuda propiedad de los bienes y, al fallecimiento del cónyuge viudo, adquirirán en pleno dominio los bienes de la herencia.

Cuando alguno de los hijos no lo acepta, recibirá la legítima estricta y la parte de herencia que deje de percibir acrecerá a los hijos que respeten el usufructo universal del viudo.

Si ninguno de los hijos respeta el usufructo universal y vitalicio del cónyuge viudo, recibirán la legítima estricta . En este supuesto, el testador suele legar al cónyuge viudo el tercio de libre disposición y el usufructo del tercio de mejora.

2º. Prohibir la intervención judicial.

El testador prohíbe que los herederos recurran a la intervención judicial para resolver las diferencias que les puedan surgir sobre el reparto de los bienes hereditarios.

¿Conocías esta cláusula?, ¡cuéntanos en comentarios!

HABEAS CORPUS

Mon, 17 Oct 2022 12:05:34 GMT

¿Qué es, para qué sirve y quién puede interponerlo?

◾¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE?

El Habeas Corpus está recogido en el artículo 17 de la Constitución Española.

“ La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.”

Artículo 17.4 de la Constitución Española

La Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus» es la norma jurídica que da cumplimiento a ese mandato constitucional.

El habeas corpus es el procedimiento que se sigue cuando se considera que se ha producido una detención ilegal, con el fin de que el Juez competente resuelva lo que proceda en cada caso y se lleve a cabo la inmediata puesta a disposición judicial. Se establece un plazo máximo de 72 horas para que el detenido sea puesto en libertad o para pasar a disposición de la autoridad judicial.

Por lo tanto, el habeas corpus es un procedimiento rápido, sencillo, universal y especial que sirve para que una persona que está presuntamente detenida de forma ilegal sea llevada ante el juez de manera inmediata.

Este juez es normalmente el juez de guardia y debe decidir si la detención es legal o no.

Hay cuatro casos en los que el artículo primero de la Ley de Habeas Corpus considera que se produce una detención ilegal:

1. Cuando no concurren los supuestos legales o no se han cumplido las formalidades prevenidas y los requisitos legales para la detención.

2.Si la persona está internada de forma ilícita en cualquier lugar o establecimiento.

3.Una vez que se ha superado el plazo establecido legalmente para la detención (72 horas según el artículo 17.2 de la Constitución Española y el artículo 520 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

4.Si no se respetan los derechos que asisten al detenido según la Constitución y las leyes procesales.

“Mediante el procedimiento del «Habeas Corpus», regulado en la presente ley, se podrá obtener la inmediata puesta a disposición de la Autoridad judicial competente, de cualquier persona detenida ilegalmente.

A los efectos de esta ley se consideran personas ilegalmente detenidas:

a) Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, sin que concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las leyes.

b) Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar.

c) Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las leyes, si transcurrido el mismo, no fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de la detención.

d) Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y las leyes procesales garantizan a toda persona detenida.”

Artículo 1 de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de Habeas Corpus

El juez que tramita la solicitud del habeas corpus no entra a valorar jurídicamente el hecho que motivó la detención. Por lo tanto, una detención puede ser considerada ilegal en un procedimiento habeas corpus, por lo que se pondrá al individuo en libertad, pero eso no significa que no pueda ser condenado después por el hecho.

◾¿QUIÉN PUEDE INTERPONERLO?

Las personas legitimadas para solicitar el habeas corpus aparecen recogidas en el artículo 3 de la ley. Son las siguientes:

La persona privada de libertad, así como su cónyuge, su pareja de hecho, descendientes, ascendientes y hermanos.

Un representante legal si el detenido es un menor o persona incapacitada.

El Ministerio Fiscal.

Defensor del Pueblo.

El juez competente puede iniciarlo de oficio.

“Podrán instar el procedimiento de «Habeas Corpus» que esta ley establece:

a) El privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, descendientes, ascendientes, hermanos y, en su caso, respecto a los menores y personas incapacitadas, sus representantes legales.

b) El Ministerio Fiscal.

c) El Defensor del Pueblo.

Asimismo, lo podrá iniciar, de oficio, el Juez competente a que se refiere el artículo anterior.”

Artículo 3 de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de Habeas Corpus

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PROTECCIÓN INTERNACIONAL EN ESPAÑA

Thu, 06 Oct 2022 11:16:26 GMT

Derecho de Asilo y Protección Subsidiaria

◾¿QUÉ ES LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL?

La protección internacional puede ser definida como el conjunto de las actividades destinadas a asegurar el acceso igualitario y el disfrute de los derechos de mujeres, hombres, niñas y niños bajo la competencia del ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), de acuerdo con los instrumentos legales pertinentes, incluyendo el derecho internacional humanitario, el derecho de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados.

La protección internacional de los refugiados comienza por garantizar su admisión en un país de asilo seguro, garantizar el reconocimiento del asilo y asegurar el respeto de sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho a no ser regresado forzosamente a un país donde su seguridad o supervivencia estén amenazadas (principio de no devolución, o non refoulement). La protección termina sólo con la obtención de una solución duradera, como la repatriación voluntaria y en condiciones dignas y seguras al país de origen, la integración local en el país de acogida, o el reasentamiento a un tercer país de asilo.

◾¿A QUIÉN SE LE RECONOCE EN ESPAÑA PROTECCIÓN INTERNACIONAL?

A los refugiados, es decir, a las personas que tengan un temor fundado a ser perseguidas en su país por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual.

A estas personas se les concede el DERECHO DE ASILO.

A los extranjeros que no son refugiados pero que no pueden regresar a su país de origen por existir motivos fundados de que suponga un riesgo real de sufrir alguno de estos daños:

- Condena a pena de muerte.

- Tortura o tratos inhumanos o degradantes.

- Amenazas graves contra la vida o la integridad como

consecuencia de situaciones de violencia indiscriminada.

A estas personas se les concede PROTECCIÓN SUBSIDIARIA.

Si te encuentras en alguna de las situaciones anteriores y necesitas protección de las autoridades españolas debes presentar una solicitud de protección internacional..

◾¿DÓNDE SE SOLICITA PROTECCIÓN INTERNACIONAL?

Si llegas a España y no puedes entrar en territorio español, en el puesto fronterizo.
Si ya estás en España:
- En la Oficina de Asilo y Refugio (OAR).
- En cualquier Oficina de Extranjeros.
- En Comisarías de Policía autorizadas.
- En Centros de Internamiento de Extranjeros.

◾¿CUANDO SE DEBE SOLICITAR PROTECCIÓN INTERNACIONAL?

Si te encuentras dentro del territorio español en el plazo de UN MES desde la entrada en España o desde que se produzcan los acontecimientos en que se justifique la solicitud.

◾¿CÓMO SE PIDE PROTECCIÓN INTERNACIONAL?

La solicitud se presenta personalmente. Si no puedes hacerlo, por imposibilidad física o legal, podrás autorizar a una persona para que lo haga en tu nombre.

Consiste en una entrevista en la que deberá contestar una serie de preguntas sobre sus datos personales, explicar todas las causas que le llevan a pedir protección internacional y cómo llegó a España. Dicha entrevista le será realizada por una persona responsable que le informará de cómo efectuarla y le ayudará a cumplimentarla para establecer los hechos relevantes.

Si tienes cualquier duda o consulta sobre este tema, desde BUFETE LEGAL GRANADA quedamos a tu disposición.

El delito de Malversación

183:725526712 (Luis Mariano Cano) — Fri, 11 Jun 2021 11:44:10 GMT

El delito de malversación se encuentra recogido en el artículo 432 del Código Penal , dentro del Capítulo VII del Título XIX, esto es, dentro de los Delitos contra la Administración Pública, y según su literalidad actual nace de dos tipos penales preexistentes:

Por un lado, en el apartado primero, tenemos la malversación cuyo origen se encuentra en el artículo 252 del Código Penal, esto es, surge del delito de administración desleal aplicada específicamente para la administración desleal del patrimonio público . En este tipo concreto, el funcionario o autoridad infringe las facultades que le son encomendadas, excediéndose en su ejercicio y causando un perjuicio al patrimonio público administrado. Las penas que se establecen para el citado precepto son de prisión de 2 a 6 años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de 6 a 10 años.

Por otro lado, el apartado segundo, recoge la malversación entendida como una apropiación indebida del patrimonio público , este tipo surge de lo recogido en delito común de apropiación indebida del artículo 253 del Código Penal. Se da cuando el funcionario o autoridad se apropia, ya sea para sí o para un tercero, de bienes que le han sido confiados por su cargo, con la obligación de entregarlos o devolverlos, ocasionando de este modo un perjuicio del interés público. Para este precepto se establecen las mismas penas establecidas con anterioridad.

En los delitos de malversación no es necesario que exista ánimo de lucro por el autor, por lo que no tendrá que demostrarse que el sujeto activo recibe un beneficio patrimonial derivado del mismo.

Para la consumación de este tipo penal será necesario que se cause un perjuicio para el patrimonio público, esto es, que la Administración Pública sufra un daño en el patrimonio que ha encomendado gestionar a la autoridad o funcionario público que lo cometa. Según la jurisprudencia que la cantidad malversada sea escasa no significa que no se esté incurriendo en este tipo penal, ni que se pueda considerar el delito cometido como leve.

Otro de los requisitos de este tipo es que el sujeto activo, causante del perjuicio patrimonial concreto, tenga acceso lícito a su gestión y administración. Además según el criterio establecido por la jurisprudencia será necesario que el autor tenga conocimiento de que puede acceder a él en el marco de sus funciones.

Se trata de un delito especial impropio , cuyo sujeto activo debe tener unas características especiales para que se cumpla el tipo penal, esto es, ser autoridad o funcionario público con posibilidad de acceder al patrimonio como hemos dicho anteriormente.

Finalmente en el apartado tercero de este artículo 432 CP, se da una agravante para aquellos casos en los que el daño causado sea considerado grave o en los que el valor de lo malversado sea superior a 50.000€, llegando a imponer una pena aún mayor si excediera de los 250.000€. Siendo este el único apartado del precepto en el que la cuantía es significativa para la pena que se va a aplicar.

Tal y como vemos estos delitos tienen lugar en el seno de la Administración Pública, y mediante su penalidad concreta el legislador pretende proteger el correcto funcionamiento de ésta, para poder servir de modo adecuado al conjunto de la ciudadanía.

El delito de tenencia ilícita de armas

183:725526712 (Luis Mariano Cano) — Fri, 28 May 2021 10:23:22 GMT

La tenencia ilícita de armas se encuentra regulada en los artículos 563 a 570 , en el Capítulo V, dentro del Título correspondiente a los delitos contra el orden público. Este capítulo recoge los distintos preceptos en los que el legislador castiga penalmente los casos en que la tenencia de un arma puede ser considerada un peligro para el orden público.

Esta mera tenencia se castiga a partir de ser considerada por el legislador un auténtico peligro para los derechos y libertades de la ciudadanía, ya que se entiende que si cualquier persona pudiese tener un arma sin control daría lugar a la inseguridad ciudadana provocando así desorden social.

Para examinar la tenencia de armas será necesario tener en cuenta que ciertas armas sí están permitas, pero para que esto no suponga el peligro antes descrito es fundamental el control sobre ellas, esto es, tener en cuenta quién las poseerá, cómo es el arma y dónde ha sido vendida. Todo esto se encuentra recogido administrativamente en el Reglamento de Armas , que al mismo tiempo será donde se especifique que arma podrá ser permitida sometida a licencia y cuál estará prohibida directamente.

El tipo básico se encuentra regulado en el art. 563 CP que castiga, con penas de prisión de uno a tres años, la tenencia de un arma prohibida o una permitida que haya sido modificada sustancialmente. Sin embargo, no solo las armas prohibidas dan lugar a una sanción penal, el artículo 564 castiga, aunque con menor pena, a quien tenga un arma permitida por el reglamento pero sin el correspondiente permiso o licencia para ello, este tipo tiene una agravante en el caso en que la adquisición del arma se haya producido de forma ilícita o no sea posible su control.

Según la jurisprudencia, aunque no esté indicado expresamente, es necesario que el arma esté en condiciones de funcionamiento , ya que sin este requisito no tendrá sentido imponer una pena ya que no supone el peligro del que se pretende proteger.

Se trata de un delito de peligro abstracto , de mera tenencia o posesión, esto es, la concreción de los tipos aquí descritos no suponen una lesión o puesta en concreto peligro del bien jurídico que se pretende proteger, que será el orden público y con ello la seguridad ciudadana.

La consumación del delito se dará con la mera posesión , aunque según la jurisprudencia la posesión espontánea accidental y sin ánimo de uso no será penada. Para que se entienda que hay delito es necesario que esa posesión además del corpus (tener el arma en su poder), tenga ánimo de posesión para su uso. Además es un delito doloso, que requiere el conocimiento de la tenencia del arma.

Por esto, no podemos considerar autor de este delito a quién tenga un arma colgada en la pared únicamente como decoración, sin querer usarla, incluso desconociendo su estado de funcionamiento, dado que estaríamos ante una falta de ese ánimo de uso que se exige por el legislador.

Este delito puede ser realizado por cualquier persona, por lo que se trata de un delito común.

El delito de Estafa Procesal

Mon, 17 May 2021 09:07:50 GMT

El delito de estafa procesal está recogido en el artículo 250.1.7º del Código penal, y se considera una forma agravada de estafa pensada para el transcurso de un procedimiento judicial. Aunque cuenta con ciertas particulares que nos llevan a pensar que podría ser constitutiva de un tipo independiente.

El tipo básico de estafa consiste en engañar a otro, con ánimo de lucro, induciendo a un error que provoque un perjuicio propio o ajeno. El elemento principal de este tipo será ese fin lucrativo con el que se realice el engaño.

Partiendo de lo anterior, podemos decir que la estafa procesal es el engaño que tiene lugar durante un procedimiento judicial, induciendo al juez o tribunal a error para obtener una resolución beneficiosa para sí y que cause un perjuicio a un tercero. En este caso, el lucro será un elemento secundario ya que el principal será su realización en el proceso judicial, dando una mayor relevancia a la protección de la Administración de Justicia.

Para que podamos hablar de estafa procesal es necesario que se den cuatro requisitos :

Existir engaño bastante en el seno de un procedimiento judicial.
El engaño debe tener la finalidad de causar un error en el juez o tribunal que conozca del proceso.
El autor debe tener intención de que se dicte una determinada resolución que le resulte favorable .
También será necesario que el autor tenga la intención de producir un perjuicio ilícito .

Un ejemplo del delito de estafa procesal sería presentar un contrato falso como prueba en un juicio en el que el autor se encuentra inmerso, esta prueba ilícita manipularía el fallo del juez o tribunal, provocando una sentencia favorable para quien la presentó. En este caso se produce el engaño (presenta un contrato falso), cuya finalidad es causar error (apariencia de veracidad) y la intención de quien lo presenta es esa sentencia favorable para sí y dañosa para la otra parte, provocándola mediante ese engaño cometido, por lo que concurren todos los requisitos del tipo.

Para que el delito se entienda consumado la resolución deberá verse afectada por el error en que el órgano jurisdiccional se encuentra inmerso. Es cierto que este tipo penal puede darse en grado de tentativa, en cuyo caso concurrirán todos los requisitos dichos anteriormente sin llegar al dictamen de la resolución injusta. En el caso expuesto como ejemplo anteriormente, esta tentativa se dará si el juez antes de dictar la sentencia descubre la falsedad del documento presentado y por tanto lo considera no válido.

Este delito es pluriofensivo, esto es, lesiona varios bienes jurídicos protegidos. El primero, y respondiendo a su ubicación dentro del Código Penal (Título XIII: Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico), es el patrimonio del sujeto perjudicado. Y el segundo será el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, ya que el engaño durante un procedimiento da lugar a una situación injusta.

El sujeto activo (autor) de la estafa procesal tiene como requisito estar inmerso en el procedimiento judicial. Sin embargo encontramos cierta problemática en relación a la presencia de abogado dentro del procedimiento, que podría aportar las pruebas a sabiendas de su ilicitud o de ciertos cooperadores necesarios para la comisión del delito.

Este delito tiene la particularidad de que el sujeto pasivo será alguien distinto de la persona que sufra el perjuicio causado. Por un lado el sujeto pasivo es el juez o tribunal ya que es quien recibe el engaño, aunque también puede decirse que es la propia Administración de Justicia, que es en quien recae el engaño. Sin embargo el perjuicio será causado a un tercero, la contraparte del proceso, no al órgano jurisdiccional.

La pena aplicable al sujeto que realice el delito de estafa procesal será prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses. Siendo una pena superior a la del tipo básico de estafa (prisión de seis meses a tres años).

El Estado de Alarma

Fri, 07 May 2021 11:52:51 GMT

Coincidiendo con que el día 9 terminará el Estado de alarma en el que nos encontramos, queremos recordar qué es y cuáles son las situaciones en las que puede ser declarado.

El Estado de alarma es un régimen excepcional que únicamente podrá ser declarado cuando circunstancias excepcionales hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes . Se encuentra recogido en el artículo 116 de la Constitución española junto con los estados de excepción o sitio que se desarrollan mediante la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.

Según la ley orgánica mencionada anteriormente este Estado de Alarma podrá ser declarado en caso de catástrofes, calamidades o desgracias públicas, crisis sanitarias, paralización de servicios públicos esenciales o situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Puede ser declarado de forma Estatal o autonómica , siendo necesario para esta última que el Presidente de la Comunidad Autónoma lo solicite al Gobierno.
La declaración tendrá un plazo máximo de 15 días pudiendo ser prorrogado con autorización del Congreso de los Diputados.

El estado de alarma permite limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en un determinado lugar u hora, requisar temporalmente todo tipo de bienes, ocupar e intervenir locales salvo domicilios privados, limitar o racionar servicios o artículos de primera necesidad, impartir órdenes para asegurar el abastecimiento de mercado y el funcionamiento de servicios.

En España, el Estado de Alarma únicamente ha sido utilizado en dos momentos concretos:

— La huelga de controladores aéreos de diciembre de 2010, para afrontar la paralización del transporte aéreo, afectando a todo el territorio nacional en lo referente a aeropuertos y sus centros de control.

—La crisis sanitaria COVID-19 cuyo comienzo tuvo lugar en marzo de 2020, durante la cual se han declarado tres Estados de Alarma diferentes que han afectado a todo el territorio nacional.
El estado de alarma actual se rige por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, con prorroga de 6 meses desde el 3 de noviembre de 2020 hasta el 9 de mayo de 2021.
Las limitaciones que establece son la libre circulación de personas en horario nocturno, la entrada y salida de las distintas Comunidades Autónomas, las reuniones de personas en espacios públicos y privados y la permanencia de personas en lugares de culto

El delito de omisión del deber de socorro

183:725526712 (Luis Mariano Cano) — Tue, 04 May 2021 11:30:10 GMT

El delito de omisión del deber de socorro, es un precepto cuyo origen puede remontarse a los deberes éticos, se encuentra recogido en el art.195, dentro del Título IX del Libro II del Código Penal dividido en tres tipos penales distintos: un tipo básico , que castiga a quien no socorre a una persona desamparada y en peligro manifiesto y grave, si pudiera hacerlo sin ocasionar peligro a sí mismo o a terceros; un tipo subsidiario , que castiga a quien no pudiendo prestar el socorro anterior, no solicite auxilio a terceros y un tipo agravado , que castiga a quien realice esta conducta tras haber provocado la situación ocasionando un accidente ya sea fortuito o por imprudencia.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo estableció para su concurrencia tres requisitos: (1) que tenga lugar una conducta omisiva con las características que recoge el tipo, esa conducta consistirá en incumplir un mandato de socorrer a quien se encuentre en la situación citada; (2) que esa conducta esté mal vista socialmente; y (3) que el sujeto activo sea culpable por saber que la víctima está necesitada de auxilio, esto es, esté realizada con dolo.

Para que concurra será necesario que la víctima se encuentre desamparada y en peligro manifiesto y grave , por tanto, si ha fallecido previamente a esa falta de auxilio no se estará incurriendo en el tipo que estamos analizando, ya que faltaran elementos esenciales del tipo penal.

Se trata de un delito común , esto quiere decir que el sujeto activo puede ser cualquier persona que sea conocedora de la situación de la víctima, sin importar cuáles son sus medios técnicos para proporcionar el auxilio referido. Por otro lado, el sujeto pasivo según se afecte a un bien jurídico individual (persona que se encuentre desamparada y en peligro manifiesto y grave) o colectivo (la sociedad en su conjunto).

El bien jurídico protegido ha sido visto desde cuatro posturas diferentes: como un deber ético de solidaridad humana, la libertad y seguridad de las personas, una protección a la vida e integridad física desde la solidaridad humana o como un protección concreta a la vida o a la integridad.

Las penas que encontramos en el artículo 195 son, para el tipo penal básico (195.1) multa de 3 a 12 meses, misma pena para el tipo subsidiario (195.2). Finalmente el tipo agravado del 195.3 establece para quien cometiera esta omisión tras haber causado un accidente que diera lugar a esta situación prisión de 6 a 18 meses si éste fue fortuito o de 6 meses a 4 años si se produjo por imprudencia.

Bufete Legal en la Radio

Fri, 22 Nov 2019 10:32:26 GMT

Una de las secciones más interesantes de @ElVermuDelFinde con nuestro director

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Entrevista a nuestro Director

Sun, 01 Apr 2018 14:06:32 GMT

Con los amigos de ProntoPro.com

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Un buen abogado, ¿qué características debe tener?

Fri, 23 Feb 2018 12:01:43 GMT

Virtudes que nos harán marcar la diferencia

Muchas veces se dice que la profesión de abogado es atractiva. Y sin dejar de ser verdad, tampoco se puede obviar la dificultad que desentraña.

Bien sea por la fama que ha tenido siempre el oficio, al que tradicionalmente madres y padres empujaban a sus hijos pre universitarios ya que era señal de prestigio y buen futuro, o bien por el romanticismo dado por las películas de Hollywood, lo cierto es que los letrados han contado con el respeto de la sociedad y, por qué no decirlo, con estereotipos muy marcados apelando a su energía, su labia, o su sentido de la ética.

Seguramente como abogado, o futuro abogado , te hayas enamorado de alguno de los personajes más recurrentes de la ficción en el sector de la abogacía. Es el caso del personaje principal del film ‘Testigo de cargo’, uno de los largometrajes más recomendados dentro del oficio. O de Atticus Finch, en ‘Matar a un ruiseñor’. Películas de culto como ’12 hombres sin piedad’ o ‘Veredicto final’ también han contribuido a dotar al mundo del derecho de una atmósfera única, especial, diferente a cualquier otro oficio. Una imagen que también se refleja en la televisión con series como la humorística ‘Ally McBeal’ ; o en personajes como Saul Goodman , el abogado defensor de Walter White en ‘Breaking Bad’, que muestra a un abogado lleno de recursos para salvar a su cliente de las peores situaciones (la mayoría de ellas, pasando por encima de la Ley).

Como se suele decir, la realidad siempre supera la ficción. Así que cualquier personaje inventado, excéntrico, o muy eficaz seguramente se quede corto al lado de abogados reales que, día a día, luchan en favor de sus clientes para ganar los casos asignados. Y aquí viene la pregunta clave: ¿qué características debe tener un abogado para ser bueno?